La Primera República, 1873, en el Estado Española y la rebelión cantonal

La Primera República Española llego tras la abdicación del monarca Amadeo I, en 1873, se da la circunstancia de que Amadeo I ha sido el único rey elegido en un Parlamento, lo que para los monárquicos de siempre supuso una grave afrenta.

Tras la renuncia de Amadeo de Saboya, quedó sin validez la Constitución de 1869.

El lunes 11 de febrero, el diario La Correspondencia de España dio la noticia de que el rey había abdicado e inmediatamente los federales madrileños se agolparon en las calles pidiendo la proclamación de la República.

El gobierno del Partido Radical de Ruiz Zorrilla se reunió y en su seno las opiniones estaban divididas entre el presidente y los ministros de procedencia progresista, que pretendían constituirse en gobierno provisional para organizar una consulta al país sobre la forma de gobierno —postura que también apoyaba el partido constitucional del general Serrano, porque de esa forma no se produciría la proclamación inmediata de la República—, y los ministros de procedencia demócrata encabezados por Cristino Martos y apoyados por el presidente del Congreso de los Diputados, Nicolás María Rivero, que se decantaban por la reunión conjunta del Congreso y del Senado que, constituidos en Convención, decidirían la forma de gobierno, lo que conduciría a la proclamación de la República dada la mayoría que formaban en ambas cámaras la suma de republicanos federales y de estos radicales de procedencia demócrata.

El presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados para pedir a los diputados de su propio partido, que teniendo la mayoría absoluta en la Cámara aprobaran la suspensión de las sesiones al menos veinticuatro horas, las suficientes para restablecer el orden. Asimismo pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I y anunció que el gobierno presentaría un proyecto de ley de abdicación. Con todo ello Ruiz Zorrilla pretendía ganar tiempo, pero fue desautorizado por su propio ministro de Estado Cristino Martos cuando éste dijo a la Cámara que en cuanto llegara la renuncia formal del rey el poder sería de las Cortes y «aquí no habrá dinastía ni monarquía posible, aquí no hay otra cosa posible que la República». Así se aprobó la moción del republicano Estanislao Figueras para que las Cortes se declararan en sesión permanente, a pesar del intento de Ruiz Zorrilla de que los radicales no la apoyaran. Mientras tanto el edificio del Congreso de los Diputados había sido rodeado por una multitud que exigía la proclamación de la República, aunque la Milicia Nacional impidió la llegada al Congreso.

Al día siguiente, martes 11 de febrero, los jefes de distrito republicanos amenazaron al Congreso de los Diputados con que si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde iniciarían una insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus diputados en Madrid en el mismo sentido. Entonces los ministros demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes del Congreso y del Senado, Rivero y Figuerola, decidieron que se reunieran ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I, y a continuación, ante la ausencia del presidente del gobierno Ruiz Zorrilla, el ministro de Estado Martos anunció que el gobierno devolvía sus poderes a las Cortes con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado, varios diputados republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos cámaras, constituidas en Asamblea Nacional, aprobaran como forma de gobierno la República y eligieran un Poder Ejecutivo responsable ante aquella.​ La proposición decía así:

La Asamblea Nacional asume los poderes y declara como forma de gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno.

Manuel Ruiz Zorrilla, hasta entonces presidente del gobierno, intervino para decir:

    Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana.

A continuación el republicano Emilio Castelar subió al estrado y pronunció este discurso que fue respondido con encendidos aplausos:

    Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria.

A las tres de la tarde del 11 de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32.

La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.

Tras un receso de tres horas volvieron a reunirse las Cámaras para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras que estaría al frente de un gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales e integrado por tres republicanos —Emilio Castelar en Estado; Francisco Pi y Margall en Gobernación; y Nicolás Salmerón en Gracia y Justicia— y cinco radicales —José Echegaray en Hacienda; Manuel Becerra y Bermúdez en Fomento; Francisco Salmerón en Ultramar; el general Fernando Fernández de Córdoba en Guerra y el almirante José María Beránger en Marina—. Cristino Martos fue elegido presidente de la autoproclamada Asamblea Nacional, “«el verdadero poder en una situación de Convención», por 222 votos frente a los 20 que reunió Nicolás María Rivero.

Estanislao Figueras desempeñó el cargo de presidente del Poder Ejecutivo (jefe de Estado y Gobierno) pero no el de presidente de la República, pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución republicana. En su discurso, Figueras dijo que la llegada de la República era «como el iris de paz y de concordia de todos los españoles de buena voluntad».

El primer gobierno de la República tuvo que afrontar una situación económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas; el Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia de la Tercera Guerra Carlista y de la guerra contra los independentistas cubanos, para las que no había suficientes soldados, armamento ni dinero; una grave crisis económica, coincidente con la gran crisis mundial de 1873 y agudizada por la inestabilidad política, que estaba provocando el aumento del paro entre jornaleros y obreros, lo que estaba siendo respondido por las organizaciones proletarias con huelgas, marchas, concentraciones de protesta y la ocupación de tierras abandonadas.

El nuevo gobierno se encuentra con una movilización social que considera que entiende la proclamación de la República como una nueva revolución haciéndose con el poder en muchos lugares, donde habían formado «juntas revolucionarias» que no reconocían al gobierno de Figueras, porque era un gobierno de coalición con los antiguos monárquicos y tildaban de tibios a los «republicanos de Madrid».

En muchos pueblos de Andalucía la República era algo tan identificado con el reparto de tierras que los campesinos exigieron a los ayuntamientos que se parcelaran inmediatamente las fincas más significativas de la localidad… algunas [de las cuales] habían formado parte de los bienes comunales antes de la desamortización».​ En casi todos los lugares la República también se identifica con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la Revolución de 1868 no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:​

Si la República viene,

No habrá quintas en España,

Por eso aquí hasta la Virgen,

Se vuelve republicana.

El encargado de la tarea de frenar la revuelta social y “restablecer el orden” que se estaba desarrollando en diferentes partes del estado fue el ministro de la Gobernación Francisco Pi y Margall, paradójicamente el principal defensor del federalismo pactista de abajo a arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Pi consiguió la disolución las juntas y la reposición de los ayuntamientos que habían sido suspendidos a la fuerza en “una clara prueba de su empeño en respetar la legalidad incluso contra los deseos de sus propios partidarios”.

Sólo trece días después de haberse formado el nuevo gobierno se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y los republicanos por lo que el presidente Figueras presentó la dimisión a las Cortes el 24 de febrero. Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional Cristino Martos para intentar un golpe de Estado que desalojara del gobierno a los republicanos federales y le permitiera formar uno exclusivo de su partido que diera paso a una república liberal-conservadora. Martos, de acuerdo con el gobernador civil de Madrid, ordenó a la Guardia Civil que ocupara el Ministerio de la Gobernación y el de Hacienda y que rodeara el Palacio del Congreso de los Diputados donde fue elegido por sus compañeros de partido como nuevo presidente del Poder Ejecutivo. Pero esta maniobra no tuvo éxito gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación Pi y Margall que movilizó a la guarnición de Madrid y a los Voluntarios de la República que consiguieron contrarrestar el golpe. Así se formó el segundo gobierno de Figueras del que salieron los ministros radicales.

El 24 de Febrero los radicales intentaron un golpe de estado, el 8 de Marzo se produjo una segunda intentona por su parte la cual coincidió con el intento de proclamación del Estado catalán por parte de la Diputacion en Barcelona, de igual forma que ya había sucedido el 12 de febrero, y como en aquella ocasión sólo los telegramas que les envió Pi y Margall desde Madrid les hizo desistir, aunque en esta ocasión esperaron a que cuatro días después, el 12 de marzo, fuera a Barcelona el propio presidente del Poder Ejecutivo de la República Estanislao Figueras para retirar la declaración.

Las elecciones a Cortes Constituyentes tuvieron lugar los días 10, 11, 12 y 13 de mayo, obteniendo los republicanos federales 343 escaños y el resto de fuerzas políticas, 31. Así pues, la representatividad resultante de estas elecciones fue muy limitada a causa del retraimiento de la totalidad de las fuerzas de oposición política —radicales, constitucionales, carlistas (en guerra desde 1872), monárquicos alfonsinos de Cánovas del Castillo, republicanos unitarios, e incluso las incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional—En Cataluña, sólo votó el 25 % del electorado; en Madrid, el 28 %. Y eso que se había reducido la edad mínima para votar de 25 a 21 años.

Proclamación de la República Federal y huida de Estanislao Figueras

El 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes bajo la presidencia del veterano republicano José María Orense y comenzó la presentación de propuestas. El 7 de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:

Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal.

El presidente, haciendo cumplir lo que ordenaba el Reglamento de las Cortes para la aprobación definitiva de las propuestas de ley, dispuso celebrar una votación nominal al día siguiente. El 8 de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 218 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República Federal.

A pesar de que los republicanos federales gozaban de una mayoría aplastante en las Cortes Constituyentes, en realidad estaban divididos en tres grupos:

Los mal llamados «intransigentes» con unos 60 diputados formaban la izquierda de la Cámara y propugnaban que las Cortes se declararan en Convención, asumiendo todos los poderes del Estado —el legislativo, el ejecutivo y el judicial— para construir la República Federal de abajo arriba, desde el municipio a los cantones o Estados y desde éstos al poder federal, y también defendían la introducción de reformas sociales que mejoraran las condiciones de vida del cuarto estado. Este sector de los republicanos federales no tenía un líder claro, aunque reconocían como su “patriarca” a José María Orense, el viejo marqués de Albaida. Destacaban dentro de él Nicolás Estévanez, Francisco Díaz Quintero, los generales Juan Contreras y Blas Pierrad, o los escritores Roque Barcia y Manuel Fernández Herrero.

Los «centristas» liderados por Pi y Margall coincidían con los «intransigentes» en que el objetivo era construir una república federal pero de arriba abajo, es decir, primero había que elaboran la Constitución federal y luego proceder a la formación de los cantones o estados federados. El número de diputados con que contaba este sector no era muy amplio y en muchas ocasiones actuaban divididos en las votaciones, aunque se solían inclinar por las propuestas de los «intransigenes».

Los «moderados» constituían la derecha de la Cámara y estaban liderados por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón —y entre los que también destacaban Eleuterio Maisonnave y Buenaventura Abarzuza Ferrer— y defendían la formación de una República democrática que diera cabida a todas las opciones liberales, por lo que rechazaban la conversión de las Cortes en un poder revolucionario como defendían los «intransigentes» y coincidían con los pimargalianos en que la prioridad de las Cortes era aprobar la nueva Constitución. Constituían el grupo más numeroso de la Cámara, aunque había ciertas diferencias entre los seguidores de Castelar, que eran partidarios de la conciliación con los radicales y con los constitucionales para incluirlos en el nuevo régimen, y los seguidores de Salmerón que propugnaban que la República sólo debía fundamentarse en la alianza de los republicanos «viejos». Su modelo era la República Francesa, mientras que «intransigenes» y «centristas» pimargalianos lo eran de Suiza y Estados Unidos, dos repúblicas de estructura federal.

Se cuenta que en reunión del Consejo de Ministros, celebrada el 9 de junio de 1873, después de numerosas discusiones sin llegar a ningún acuerdo para superar la crisis institucional que se vivía y harto de debates estériles llegó Estanislao Figueras a gritar en catalán: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros

En cuanto se reunieron las Cortes Constituyentes, Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco Pi y Margall, pero los “intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento de formar gobierno, por lo que Figueras quedó encargado de formarlo. Entonces Figueras tuvo conocimiento de que los generales «intransigentes» Contreras y Pierrad preparaban un golpe de estado para iniciar la República federal al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su gobierno. El 10 de junio Figueras, presa del pánico, huyó a Francia:30 dejó disimuladamente su dimisión en su despacho en la Presidencia31 se fue a dar un paseo por el parque del Retiro y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de la estación de Atocha. No se bajó hasta llegar a París.

El gobierno de Pi y Margall se encontró con la oposición de los «intransigentes» porque en su programa no se habían incluido algunas de las reivindicaciones históricas de los federales.

La situación existente género que se presentara en las Cortes una proposición para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. La aprobación de la misma le permitiría a Pi sustituir a los ministros “intransigentes” por otros del sector «moderado», naciendo así un gobierno de coalición entre los «centristas» pimargalianos y los «moderados» de Castelar y Salmerón. La respuesta de los «intransigentes» fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención de la cual emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo, propuesta que fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al gobierno, y a continuación el 27 de junio los “intransigentes” presentaron un voto de censura contra el gobierno. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los “intransigentes”, con la entrada en el gobierno de los “moderados” Maisonnave en Estado, Joaquín Gil Berges en Gracia y Justicia y José Carvajal Hué en Hacienda, además de reforzar la presencia de los pimargalianos con Francisco Suñer en Ultramar y Ramón Pérez Costales en Fomento. El programa del nuevo gobierno se resumió en el lema «orden y progreso».

Rebelión Cantonal

La respuesta de los «intransigentes» a la política de «orden y progreso» del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, alegando como motivo inmediato un bando del gobernador civil de Madrid limitando las garantías de los derechos individuales. Sólo quedó en las Cortes el diputado Navarrete quien al día siguiente explicó los motivos del retraimiento acusando al gobierno de Pi y Margal de falta de energía y de haber contemporizado e incluso claudicado frente a los enemigos de la República Federal. Pi y Margall le contestó en esa misma sesión del 2 de julio:

Lo que pretende el Sr. Navarrete y sus epígonos es que el Gobierno debería haber sido un gobierno revolucionario, que debería haberse arrogado una cierta dictadura, dejando de contar con las Cortes Constituyentes. […] Si la República hubiese venido de abajo-arriba, se habrían constituido los cantones, pero el período habría sido largo, trabajoso y pleno de conflictos, al paso que ahora, por medio de las Constituyentes, traemos la República federal, sin grandes perturbaciones, sin estrépito y sin sangre.

Tras el abandono de las Cortes exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal, formándose en Madrid un Comité de Salvación Pública para dirigirla.

Pi y Margall reconoció que lo que estaban haciendo los «intransigentes» era poner en práctica su teoría del federalismo «pactista» de abajo arriba, pero condenó la insurrección porque esa teoría estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada» no para una «República [que] ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica».

El cantonalismo surge como una oposición al Gobierno central su objetivo fue la división del Estado en cantones. Se trata de establecer una serie de ciudades (cantones) independientes que se federarían libremente. Recordando a las polis griegas.

La respuesta de los «intransigentes» a la política de «orden y progreso» del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, alegando como motivo inmediato un bando del gobernador civil de Madrid limitando las garantías de los derechos individuales.

El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social.

El 2 de Julio dieron a conocer un Manifiesto donde mostraron su determinación «de plantear inmediatamente las reformas que habían venido sosteniendo el Partido Republicano en su incansable propaganda» justificada porque a su juicio:

Separadamente el Gobierno de la República y la mayoría han emprendido en sus últimas determinaciones una marcha funesta, han destruido de un solo golpe el edificio de nuestra propaganda y rasgado la bandera de la libertad y justicia, a cuyo nombre hemos combatido contra tantas reacciones, y no era digno del centro reformista sancionar con su presencia propósitos que, aunque fueran honrados, son de seguro, ciegos, trastornadores y liberticidas.

Una semana más tarde, el 9 de julio, Alcoy se declara independiente: desde el día 7 de julio estaba teniendo lugar una huelga revolucionaria (la llamada Revolución del petróleo dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT, extendiéndose en los días siguientes por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión, cuya federación constituiría la base de la República Federal Española.

Revolución del Petróleo

En 1873 Alcoy era una de las pocas ciudades españolas que se había industrializado. Un tercio de sus 30.000 habitantes, incluyendo mujeres y niños, trabajaba en la industria —5.500 en 175 empresas textiles y 2.500 en 74 industrias papeleras—. Sus condiciones de vida eran muy duras, como lo demostraba el hecho de que el 42% de los niños morían en Alcoy antes de haber cumplido los cinco años. Esto explica en gran medida el extraordinario crecimiento que tuvo allí la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (FRE-AIT), que a finales de 1872 ya contaba con más de 2.000 afiliados, casi la cuarta parte de los obreros de la ciudad.

El 9 de marzo una manifestación en la que participaron cerca de diez mil personas recorrió las calles de Alcoy y culminó en un mitin celebrado en la plaza de toros, en el que se aprobó por unanimidad pedir un aumento del salario y la disminución de las horas de trabajo.

La Comisión federal de la FRE-AIT llegó a la conclusión de que era el momento de desencadenar la revolución social. El 15 de junio pedía a los trabajadores que «se organicen y se preparen para la acción revolucionaria del proletariado a fin de destruir todos los privilegios que sostienen y fomentan los poderes autoritarios». El 6 de julio Tomás González Morago, miembro de la Comisión, en una carta dirigida a la Federación belga le anunciaba la inminente revolución social que se iba desencadenar en España.

El 7 de julio la Comisión convocó una asamblea de los obreros de la ciudad en la plaza de toros. Allí se acordó iniciar una huelga general al día siguiente para conseguir el aumento de los salarios en un 20% y la reducción de la jornada laboral de 12 a 8 horas.

El día 9 los fabricantes, reunidos en el ayuntamiento, rechazaron las reivindicaciones obreras por considerarlas exageradas, encontrando el apoyo del alcalde, el republicano federal Agustí Albors. Entonces los obreros exigieron la dimisión del alcalde y su sustitución por una junta revolucionaria —integrada por el Comité federal de la Internacional—​. Cuando estaban reunidos en la plaza de la República —o plaza de San Agustín—delante del Ayuntamiento —esperando el resultado de la entrevista que estaban manteniendo Albors y los miembros de la Comisión, Albarracín y Fombuena​ la guardia municipal por orden de Albors disparó contra ellos para que se disolvieran —causando un muerto y varios heridos—. Los trabajadores respondieron tomando las armas y haciéndose dueños de las calles. Detuvieron a varios propietarios —más de cien, según algunas fuentes—a los que tomaron como rehenes —después los irían soltando previo pago de un rescate para sufragar la huelga—e incendiaron algunas fábricas. El alcalde Albors y 32 guardias se hicieron fuertes en el Ayuntamiento esperando la llegada de los refuerzos que habían pedido al Gobierno, pero tras veinte horas de asedio durante las cuales el edificio y otros colindantes fueron incendiados tuvieron que capitular, muriendo violentamente el alcalde Albors en la refriega —según otras versiones Albors había conseguido huir, siendo localizado poco después y asesinado— y quince personas más, entre ellas siete guardias y tres internacionalistas. Según las actas del proceso las víctimas fueron quince, trece causadas por los insurrectos —el alcalde Albors; cuatro civiles; un guardia civil y siete guardias municipales, tres de ellos asesinados tras haberse rendido— y dos por los guardias.

Se formó entonces un Comité de Salud Pública presidido por Severino Albarracín, miembro de la Comisión de la Internacional, que detentó el poder durante tres días hasta que el 13 de julio las tropas enviadas por el gobierno entraron en la ciudad sin encontrar resistencia.​ Al día siguiente el ejército que había tomado la ciudad, recibió la orden de dirigirse a Cartagena donde acababa de proclamarse el Cantón Murciano, que daría inicio a la Rebelión cantonal. Los trabajadores volvieron a hacerse dueños de la ciudad, lo que obligó a los fabricantes a ceder y subir los salarios, pero en cuanto las tropas volvieron se echaron atrás. La burguesía de Alcoy, asustada por lo que había sucedido, descargó toda la responsabilidad en la actuación del alcalde Albors y así se lo hizo saber al gobierno mediante un escrito firmado por ochenta personas en el que se decía: «los mayores contribuyentes de Alcoy protestan enérgicamente contra el ayuntamiento de esta ciudad, por haber mandado hacer armas contra el pueblo trabajador que pedía pacíficamente su destitución».

Los miembros de la Comisión de la Internacional huyeron de Alcoy el día 12 por la noche y se refugiaron en Madrid.

Tras los sucesos se desató una fuerte represión. Fueron detenidos entre 500 y 700 obreros y de ellos 282 acabaron siendo procesados.​ Según el historiador Manuel Tuñón de Lara, la represión se inició tras la formación del nuevo gobierno de Emilio Castelar en sustitución del de Nicolás Salmerón. A principios de septiembre se presentó en Alcoy un juez instructor acompañado de 200 guardias civiles, que procedieron a detener a cientos de obreros, muchos de los cuales fueron conducidos hasta Alicante.

Tras el abandono de las Cortes los «intransigentes» exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal, formándose en Madrid un Comité de Salud Pública para dirigirla, aunque «lo que prevaleció fue la iniciativa de los federales locales, que se hicieron dueños de la situación en sus respectivas ciudades». Aunque hubo casos como el de Málaga en que las autoridades locales fueron las que encabezaron la sublevación, en la mayoría se formaron juntas revolucionarias. Dos semanas después de la retirada de las Cortes la revuelta era un hecho en Murcia, Valencia y Andalucía.

Los sublevados «más allá de las lógicas particularidades locales» perseguían unos mismos fines: «la sustitución de todo tipo de autoridades gubernativas o jurisdiccionales, la abolición de impuestos especialmente impopulares, la secularización de las propiedades de la Iglesia, las reformas sociales favorables a la gran masa de desposeídos que no tenían otro bien que su fuerza de trabajo, el indulto por delitos políticos, la desaparición del ejército regular y su sustitución por tropas milicianas o la creación de juntas y comités de salud pública, como órganos de gobierno de naturaleza popular».

El 18 de julio, una vez iniciada la rebelión en Cartagena y otras ciudades, el Comité de Salud Pública de Madrid ordenaba:

[Que] en todos los puntos en donde el partido federal tenga la fuerza necesaria, se formen Comités de Salud Pública, representantes de la imprescindible soberanía del pueblo.

    [Que] bajo la autoridad de estos comités revolucionarios se proclame la autonomía administrativa y económica del Municipio, de la provincia y del Cantón, al cual corresponde la elección de los jueces, ayuntamientos, diputaciones o legislaturas, gobernadores, grandes asambleas cantonales y agentes económicos y administrativos.

    Que esos comités no se disolverán hasta quince días después de haber promulgado el pacto federal, para evitar que el pueblo sea engañado, como ha sucedido hasta aquí.

Cantones de Cartagena y Murcia

La insurrección comenzó en Cartagena el 12 de julio, a pesar de que el presidente del Comité en Madrid Roque Barcia quería que se retrasase. El inicio de la sublevación se produjo cuando el regimiento de África que iba a proceder al relevo de la guarnición del fuerte de Galeras, compuesta por voluntarios, éstos se negaron. Así a las cuatro de la mañana del día 12 de julio por iniciativa del enlace con el Comité de Madrid, Cárceles Sabater, se constituyó una “Junta Revolucionaria de Salvación Pública”

Una de las curiosidades que se produjeron fue  cuando  el jefe de la guarnición de voluntarios del fuerte, el cartero Sáez, “en su afán de enarbolar una bandera roja y al no contar con ella, mandó izar la turca creyendo que no se vería la media luna, pero el comandante de Marina lo divisó, comunicándolo al ministro de Marina [el telegrama decía: «El castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca»]. Un voluntario, velando por el prestigio de la causa, se abrió una vena con la punta de su navaja y tiñó con su sangre la media luna, sustituyendo así a la bandera de Turquía”. A principios de 2018 prácticamente coincidiendo con el surgimiento de la Junta Revolucionaria de Vallekas y la difusión del Bando donde se proclama el Cantón de Vallekas Turquía ha invadido territorio del norte Siria y ha atacado abiertamente al Cantón de Afrin situado en dicho territorio donde desde julio de 2012 se conformó una región autónoma de Siria constituida por cantones con sus propios autogobiernos donde se está llevando a cabo una revolución social que se caracteriza, entre otros rasgos, por la creación de Cantones implantación de asambleas populares para la toma de decisiones​ generándose mecanismos de participación ciudadana relacionados con la democracia directa “de abajo a arriba” y dando lugar a una serie de cambios de carácter feminista, ecologista y de carácter pluralista con respecto a la sociedad.

A las 5 de la madrugada del 12 de julio, un grupo de voluntarios al mando de Cárceles invadió el ayuntamiento, instalando en los bajos la “Junta Revolucionaria de Salvación Pública”.

A las 11 de la mañana el alcalde cursó un telegrama al presidente del gobierno en el que les exponía las “peticiones” de la Junta.

La Junta izó la bandera roja en el Ayuntamiento y proclamó el Cantón Murciano, nombrando a continuación a “Antonete” Gálvez comandante general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada. En el Manifiesto que hizo público esa misma tarde del 12 de julio la “Junta de Salud Pública”, constituida “por la voluntad de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad” justificó la proclamación del Cantón como un acto de defensa de la República Federal:

Proclamada como forma de gobierno para España la República Federal, el pueblo republicano, en su inmensa mayoría reclamaba, como imperiosamente exigían las circunstancias, que se organizase la Federación, estableciendo inmediatamente la división regional de los cantones y dando a estos y al municipio la autonomía suspirada hace tanto tiempo. […] Pero el pueblo, ansiosísimo de estas reformas, sediento de esta redención tan deseada, veía prolongarse indefinidamente sus momentos de agonía, veía amenazada la República de un golpe de muerte y no veía, ni en el gobierno ni en la Cámara Constituyente una predisposición para la inmediata ejecución de estas reformas y cree que sin ellas… se perdería indudablemente para muchísimos años la libertad en esta tierra de España. […] Era llegada la hora de salvar, de constituir definitivamente la República Federal y que no hacer esto sería tanto como cometer una indignidad que no podemos suponer en ningún pecho republicano donde se albergue y lata un corazón de hombre. […] [El pueblo] se ha puesto en armas porque ha creído ver en inminente riesgo la santa causa de la República Federal […]. Aquí no hay verdugos ni víctimas, opresores ni oprimidos, sino hermanos prontos a sacrificarse por la libertad y la felicidad de sus conciudadanos. ¡Viva la República Federal! ¡Viva la soberanía del pueblo!. Cartagena, 12 de julio de 1873.

A continuación comandados por “Antonete” Gálvez y por el general Juan Contreras, presidente del Comité de Guerra que se había desplazado desde Madrid —el gobierno al conocer este hecho había ordenado su arresto— se apoderaron de los barcos de guerra de la base naval sin causar víctimas.24​ Al parecer fue la inflamada oratoria de Antonio Gálvez Arce “Antonete”, que apasionó a la marinería, la clave para apoderarse de la escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor de la Armada.25​ El torreagüereño Antonete Gálvez, progresista de origen humilde que entonces era diputado a Cortes por la provincia de Murcia, gozaba de una enorme popularidad.

Siguiendo las instrucciones del presidente del gobierno Pi y Margall, el gobernador civil Altadill envió una comisión de republicanos federales a Cartagena para que intentaran disuadir a los insurrectos, pero los miembros de la comisión, tras entrevistarse con “Antonete” Gálvez, se sumaron a la rebelión.

El general Contreras asumió el mando militar de las fuerzas sublevadas, y los cantonalistas eligieron como máximo representante del Cantón a Roque Barcia. Los marineros y algunos oficiales decidieron unirse a la revolución, y a los que no lo hicieron se les dejó marchar libremente.

El 15 de julio el general Juan Contreras hacía público un Manifiesto en que comunicaba que se acababa de levantar en armas al grito de ¡Cantones federales! y hace ostentación de las fuerzas que le apoyas, especialmente de la Armada y pide a los jefes y oficiales de las fuerzas “centralistas” —así llama a las que permanecen fieles al gobierno de Pi y Margall y a la legalidad— que no disparen “ni contra el pueblo ni contra sus hermanos de armas”. Además promete que:

    No envainaré mi espada hasta que el pueblo tenga su soñada federación. Nuestra conducta será ayudar a los pueblos que deben ser libres.

Por su parte la Junta de la ciudad de Cartagena proclamó:

Cartageneros: los que por la voluntad de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad, hemos constituido la Junta de Salud Pública de la misma, tenemos el deber de hacer una declaración categórica de nuestras miras, de nuestros principios y de los intereses que defendemos, y que tratamos de resguardar para bien de la República y para la salvación de la Patria.

Así mismo, la Junta reclamó que se llevara a efecto la formación del Cantón Murciano, con la autonomía municipal y Cantonal, lo que evidenciaba la intención de establecer un Estado federal y forzar a la República a establecer una federación desde abajo mediante la Constitución. En medio del levantamiento cantonal, el presidente Pi y Margall tuvo que dimitir, acusado de complicidad con la rebelión.

El Cantón, bien pertrechado gracias a las armas del Arsenal y a la posesión de la flota, acuñó moneda propia y resistió los ataques de las tropas del Gobierno, llegando incluso a diseñar planes educativos que nunca se llevarían a cabo. Se decretó el divorcio y se derogó la pena de muerte. Al igual que en otros cantones, se suprimieron los monopolios, se reconoció el derecho al trabajo, la jornada de ocho horas y se terminó con los impuestos sobre consumo.

Se trata, pues, de “salvar la República”, terminar con “el espíritu centralizador” y eliminar “todas las tiranías”. Todo ello se conseguiría con la República federal.

En Andalucía el cantonalismo se hacía presente, tanto en las capitales de provincia (Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga), como en muchos pueblos (Bailén, Andújar, Algeciras, Tarifa…). Según el prof. Acosta Sánchez, la insurrección cantonal andaluza fue “el experimento anticentralista más radical puesto en práctica en el Sur”.

Surgió, tras la toma de posesión del Salmerón, en Sevilla, Cádiz y Granada; en

Córdoba lo impidió la presencia del general Ripoll; en Huelva, Almería y Jaén, no existían las condiciones para que se diera; en Málaga hubo un “peculiar” cantón, con el poder en manos de Solier y los federales, fieles a la Asamblea de Madrid repudiada por los alzados en Andalucía. Este es el panorama inicial

Cantones de Andalucía

A este respecto, cabe destacar que desde 1869 el federalismo tiene una importante fuerza en Andalucía.

Andaluces, extremeños y murcianos firman, el 12 de junio  de  1869, el “Pacto  federal de las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia” en el que se  considera la República federal  “como el único sistema de gobierno adecuado a la doctrina democrática”. De esta manera, en una coyuntura, la de 1869,  de replanteamiento del régimen político para España, los federales diseñan su alternativa, y no sólo frente a la monarquía, sino también frente al mismo republicanismo unitario.  De  aquí la efervescencia federal andaluza en la  llamada “revolución de 1869”;  de aquí, igualmente, el papel luego de los  federales en el movimiento cantonal andaluz.

El 19 de julio, en Sevilla, se difunde el “Manifiesto del Cantón Andaluz”:

 “Sevillanos: La Patria se ve gravemente amenazada ya por los enemigos armados, ya por los que, aun cuando de peores medios, ansían la completa destrucción de la libertad. El Ayuntamiento de Sevilla y todos los jefes de los voluntarios de la República, unánimes y de común acuerdo, desean afirmar la forma de Gobierno Republicano Federal (…). Para ello es forzoso salir de una vez del período de formación en que se encuentra la sociedad española, acabar con las vacilaciones y superar las dificultades que han venido oponiéndose a la constitución política de los cantones (…). El Ayuntamiento de Sevilla y los voluntarios de la República (…) se adelantan a proclamar la constitución del Cantón Andaluz, declarándose con autonomía para dictar las leyes, a que se ha de ajustar, y llevar a cabo contra los enemigos de toda clase la defensa de la libertad y de la República Democrática Federal Española (…). Sevillanos, ¡Viva la República Democrática Federal Española! ¡Viva el Cantón Andaluz! Sevilla, 19 de julio de 1873.”

Por su parte, el “Manifiesto” de Cádiz, también del 19 de julio, cuya lista de firmantes encabeza F. Salvochea, más “avanzado” que el sevillano, habla de “contrarrestar el espíritu centralizador de las organizaciones políticas pasadas”, y señala que “las doctrinas republicanas federales (…) han de ser el cimiento inquebrantable de la sociedad española”; se dirige “al pueblo” y “cuenta con él para llevar a cabo todas las reformas y medidas necesarias”; busca salvar “la República Democrática Federal” y concluye:

Pueblos de la provincia, ciudadanos de toda Andalucía, responded al

llamamiento de vuestros hermanos de ésta, secundándonos con el mayor

entusiasmo”.

En Málaga, el 22 de julio se constituyó el cantón, a cuyo frente se encontraba Solier, Gobernador Civil, que pidió “la unión más completa, la fraternidad (…) entre todos los ciudadanos” A su vez, el 21 de julio, en Granada, se proclamaba también el cantón: el comité revolucionario estaba presidido por Lumbreras y tuvo una actuación que responde a la característica ideología republicana federal.

El fundamento político del cantonalismo andaluz se halla en el Manifiesto

“A los federales de Andalucía”, fechado en Despeñaperros, el 21 de julio de 1873, en el que se arremete contra un gobierno “centralizador” y se pide “la inmediata formación de los Estados confederados”. En un tono exaltado y de arenga, se entremezclan en el documento propuestas de revolución política, con expresos planteamientos confederales.

El Manifiesto tiene, básicamente, tres núcleos fundamentales. De un lado, es una durísima crítica al gobierno republicano (se habla de “los traidores de la República”) y, en general, a los “controladores” del poder desde la “Revolución de Septiembre”, ya que se refiere a todo lo hecho como forma de “matar la República”. De otro lado, hay un rechazo de la Asamblea Constituyente, que ha abdicado de sus poderes, que “son intransferibles”, por lo que todo cuanto “de ella emane es ilegal, es faccioso”. Por último, afirma la necesidad de la confederación. En consecuencia, ante estas traiciones, los federales se levantan para “la inmediata formación de los Estados confederados y el planteamiento por éstos de las reformas administrativas y económicas que crean convenientes”. Es, pues, otra vez más, la presencia de la revolución. Y expone:

Federales de Andalucía:

Los traidores de la República, unido a los traidores de Amadeo, los apóstatas de la Revolución de Septiembre, a los apóstatas y traidores de todas las situaciones y de todos los partidos, a los merodeadores políticos, a los explotadores y verdugos del pueblo, a los radicales, en fin, han constituido un Gobierno más conservador, más reaccionario, más centralizador, más adversario de las reformas administrativas y económicas que el anterior gobierno.

La Asamblea Constituyente ha consumado por segunda vez la abdicación más vergonzosa de su Soberanía; ha investido al Presidente Salmerón de las mismas facultades discrecionales conferidas al ex presidente Pi.

La traición no puede ser más evidente, ni más tangible. Es la traición del 23 de Abril y del 11 de Junio ingerida en el gobierno para matar la República.

Los poderes que la Asamblea ha recibido del pueblo, son intransferibles, porque la Soberanía del Derecho es irrenunciable e ilegislable, y la Soberanía del Derecho personificada en la Soberanía del pueblo, ha sido delegada en la Asamblea.

Desde el momento, pues, en que los diputados de esta Asamblea delegan a su vez en un hombre cualquiera estos poderes que han recibido sin cláusula de sustitución, abdican en él su derecho, faltan a su mandato, sometiendo al capricho de este hombre un derecho superior a la misma Asamblea y al gobierno; este Derecho que es irrenunciable e ilegislable, estos poderes que son intransferibles. 

De aquí, que la Asamblea ha renunciado a su Soberanía, ha claudicado, ha perdido la cualidad de legisladora, ha dejado de ser constituyente. Todo cuanto de ella emane es ilegal, es faccioso: no tiene razón de ser.

Hay más: esta Asamblea, al constituirse proclamó solemnemente la República Federal: y esta forma de gobierno lleva en sí la inmediata formación de los Estados confederados y el planteamiento por estos de las reformas administrativas y económicas que crean convenientes.

Ahora bien: si el pueblo tiene el inconcurso derecho de reivindicación, revocando los poderes conferidos a los diputados, si estos han abusado de ellos, ora delegándolos, ora transfiriéndolos, ¿cómo, con qué derecho, pretenden la Asamblea y el gobierno sobreponerse a la Soberanía del pueblo? ¿Con qué derecho, el gobierno y la Asamblea concentran fuerzas en Madrid y Andalucía, formando cuerpos de ejército para batir a los republicanos?

Si el pueblo soberano quiere ejercer su Soberanía, ¿cómo, con qué derecho, esta Asamblea y este gobierno se oponen a la inmediata constitución de los Estados y a la consiguiente proclamación de su independencia administrativa y económica?

¡Ah! No, republicanos federales.

La Asamblea Constituyente no tiene razón de ser: el gobierno que de ella emane sin el concurso de los diputados de la minoría, que defienden la Soberanía de los Estados, es ilegal y faccioso. Tal es la doctrina del derecho republicano puro: tal es la filosofía de la Soberanía del Derecho.

¡FEDERALES DE ANDALUCÍA!

Se halla constituido el Cantón Murciano con sus diputados al frente y el bravo general Contreras. Se han adherido las fuerzas militares de mar y tierra en la plaza de Cartagena dispuesta a defender su soberanía en unión con el pueblo y los Voluntarios de la República. Castilla la Vieja con sus provincias ha levantado la misma bandera.

Castilla la Nueva ha formado un Comité de salud pública, ínterin se constituye, compuesto de diputados, generales y personas notables del partido. Aragón, Cataluña, Valencia y la Mancha han manifestado al gobierno su ir revocable propósito de verificarlo. Cádiz, Málaga y Sevilla se rigen por su propia autonomía. Córdoba está constituyéndose con los diputados de su provincia, las fuerzas militares del general Ripoll y los voluntarios de la mayor parte de los pueblos.

En Despeñaperros, histórico e inexpugnable (sic) baluarte de la libertad, se enarboló ayer, por las fuerzas federales que mandan los que suscriben, la bandera de independencia del Estado Andaluz.

Terminemos, pues, nuestra obra. Completemos la regeneración social y política deesta tierra clásica de la libertad y de la independencia. Formemos nuestro ejército federal: constituyamos nuestros Cantones, elijamos nuestra Asamblea, y bien pronto desaparecerá el carlismo y caerá para no levantarse más la reacción hipócrita y traidora, germen latente de nuestras discordias, de nuestro empobrecimiento, de nuestro malestar.

¡FEDERALES DE ANDALUCÍA!

Unión íntima, unión fraternal entre todos nosotros. Ínterin se constituyen los Cantones del Estado Andaluz, fórmense los Comités de salud pública, como en Madrid y demás provincias: no reconozcamos otra autoridad que la de nuestros Cantones, y todo el que se oponga a esta obra patriótica, que encierra la salvación de España, será considerado como traidor, aunque se llame republicano. Concluyamos con las palabras de M. Lamenais: “todos tenemos el mismo pensamiento: tengamos todos el mismo corazón. ¡Salvémonos o muramos juntos!”.

¡Viva la Soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía!

¡Viva la República Federal con t odas sus reformas sociales!

Despeñaperros 21 de Julio de 1873.

 

Progresivamente el movimiento cantonalista andaluz se propagó por otros núcleos importantes, a más de las capitales señaladas, en general impulsado por los republicanos federales., parece que hubo algunos lazos de solidaridad y ayuda mutua entre cantones, como los existentes entre Sevilla, Cádiz y Granada – Málaga tuvo una trayectoria singular quizás como difusa conciencia de una similar identidad y de un común proyecto para Andalucía.

En definitiva, el cantonalismo andaluz, en sus múltiples manifestaciones, irrumpió con una fuerza extraordinaria, tratando de conseguir un conjunto de reivindicaciones sociales, “frustradas que no olvidadas”, que ya plantearon, aunque sin éxito, algunos  grupos  en  la  “revolución  del  68”.  Por  eso,  el  levantamiento  andaluz  del verano del 73, además de expresión de un fuerte ideal federalista/confederalista, viene a ser el deseo de que no se escamoteen, otra vez más, una serie de reformas políticas y sociales, ya presentes en la “septembrina”, pero luego dejadas de lado.

Mapa de las rebeliones cantonales

En la próxima entrega se informara con respecto a las personas más destacadas en la revolución cantonal y quienes fueron determinantes para su ideario político.

 

Fuentes:

Historia del partido republicano español E. Rodríguez Solís, 1893,

El movimiento obrero en la historia de España. I.1832-1899 (2ª edición). Tuñón de Lara, Manuel  Barcelona: Laia

Biblioteca Pública Arus – http://www.bpa.es/

El Cantón de Cartagena. Madrid. Siglo XXI. 1979,

Andalucía. Reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo.

Barcelona. Anagrama. 1978, J. Acosta Sánchez,

El cantón sevillano, C. Martínez Shaw,Archivo Hispalense

Historia de un separatismo: el Cantón malagueño”, J.A. Jiménez

López, Gibralfaro nº25, 1973.

Reconsideración del cantón malagueño (1873), Morales Muñoz,,Melanges de la Casa de Velázquez

Wikipedia

Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873

https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1873_(no_promulgada)